La polémica por 15 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación escaló a un intercambio directo entre la regidora Rebecca Ching y el Ayuntamiento, que se deslinda de cualquier responsabilidad.
Por Luis Carlos Bravo
San Luis Río Colorado, Sonora.– Lo que comenzó como un señalamiento técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó convirtiéndose en un choque político abierto entre la regidora Rebecca Ching Hurtado y el 30 Ayuntamiento, luego de que ambos fijaran posturas encontradas sobre un monto de 15 millones 091 mil pesos observados en la cuenta pública 2024.
Por un lado, la regidora elevó el tono al presentar un oficio formal ante el Órgano de Control Interno, en el que exige información detallada sobre las investigaciones contra los funcionarios presuntamente responsables de las irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de recursos federales.
Ching Hurtado calificó como “alarmante” que el monto observado represente el 100% de la muestra auditada, señalando que, según el dictamen del organismo federal, el municipio “no realizó una gestión eficiente de los recursos del Gasto Federalizado”. Bajo ese argumento, advirtió que no se trata de simples fallas administrativas, sino de un posible daño al patrimonio municipal.
En su posicionamiento, la edil también lanzó una advertencia directa: si el Órgano de Control Interno no actúa con prontitud, podría convertirse en cómplice por omisión, además de que el retraso en la atención de las observaciones podría derivar en sanciones legales para la administración en turno.
Además, solicitó conocer la identidad de los funcionarios involucrados, el avance de los procedimientos administrativos y las acciones para recuperar los recursos o solventar las irregularidades detectadas.
Sin embargo, el Ayuntamiento respondió de manera puntual rechazando cualquier señalamiento hacia la actual administración. En un comunicado oficial, precisó que las observaciones por los más de 15 millones de pesos corresponden a la administración municipal anterior y no al gobierno en funciones.
De acuerdo con la autoridad municipal, las irregularidades detectadas derivan principalmente de la falta de integración adecuada de documentación comprobatoria en los expedientes, situación que, aseguran, ya se encuentra identificada para su seguimiento conforme a la normatividad vigente.
El gobierno municipal también defendió su gestión financiera al señalar que, durante la presente administración, se han aplicado principios de disciplina, responsabilidad y transparencia, lo que incluso ha permitido mejorar la calificación crediticia del municipio de negativa a estable, según la agencia Fitch Ratings.
Asimismo, sostuvo que el manejo eficiente de los recursos ha generado ahorros que han sido destinados a equipamiento, luminarias, vehículos y diversas obras públicas en beneficio de la población.
En el mismo documento, el Ayuntamiento acusó que la información ha sido interpretada de manera imprecisa por algunos actores políticos, al atribuir las observaciones a la administración actual, e hizo un llamado a evitar el uso político de datos técnicos.
Así, mientras la regidora insiste en que los 15 millones sin justificar representan un tema grave que no puede minimizarse, el Ayuntamiento mantiene su postura de deslinde y defensa de su manejo financiero, dejando el caso en medio de un evidente cruce de acusaciones que apenas comienza.
