- Tras el desalojo de más de ocho familias en un predio invadido durante tres años, Josué Castro Loustaunau, exdirector de la Inmobiliaria Municipal, rechazó estar involucrado y calificó las acusaciones como un intento de golpe político.
Por Luis Carlos Bravo
San Luis Río Colorado, Sonora, 20 de junio de 2025.– La mañana de ayer, más de ocho familias que durante tres años ocuparon un predio de forma irregular fueron desalojadas por órdenes del propietario legal. Aunque el acto se realizó bajo derecho, las familias afectadas aseguran haber pagado por su estancia en ese terreno a una inmobiliaria particular, lo que ha generado controversia y versiones encontradas sobre la legalidad de su permanencia.
En medio de las especulaciones mediáticas, el nombre de Josué Castro Loustaunau, exdirector de la Inmobiliaria Municipal durante el primer trienio de Santos González Yescas, fue vinculado con las presuntas irregularidades del caso. Sin embargo, Castro Loustaunau negó de forma categórica cualquier relación con el predio en disputa o con los cobros a las familias desalojadas.
“Cuando dirigí la Inmobiliaria Municipal atendimos muchos casos de terrenos invadidos. En algunos pudimos ayudar a regularizar, en otros no, por temas legales de la tierra. Pero este caso ocurrió después de que yo dejé el cargo”, declaró el funcionario, quien actualmente se desempeña como titular del Registro Civil en San Luis Río Colorado.
El exfuncionario destacó que durante su gestión atendieron problemáticas similares en colonias como México y Solidaridad, y que recuerda con claridad los detalles de cada intervención. “Este tema no me corresponde. Me están involucrando en algo donde no tuve ni conocimiento ni participación alguna”, insistió.
Ante la difusión de su nombre en redes sociales y medios locales, Castro Loustaunau atribuyó la situación a una campaña de desprestigio con fines políticos. “Es evidente que hay un intento de golpearme públicamente, quizás por mi trabajo o por serle fiel a un jefe politico, pero los hechos son claros: no tengo nada que ver con este desalojo”, concluyó.
Mientras tanto, las familias desalojadas se mantienen en la incertidumbre sobre su situación legal, y piden a las autoridades investigar a fondo la inmobiliaria que supuestamente les cobró por ocupar el predio. Por su parte, el propietario del terreno mantiene su posición de ejercer su derecho de recuperar el espacio que le pertenece.
