La propuesta busca fortalecer los derechos de quienes consumen radio y televisión, aunque especialistas y representantes de medios advierten sobre posibles implicaciones para la libertad editorial.
Por Luis Carlos Bravo
San Luis Río Colorado, Sonora.- El Gobierno de México abrió una consulta pública para definir los nuevos lineamientos que regularán la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión, una medida que ha reavivado el debate nacional entre quienes consideran que fortalece el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad y quienes advierten un posible riesgo para la libertad de expresión.
La propuesta contempla que los concesionarios de radio y televisión distingan con claridad la información de la opinión, identifiquen de manera visible la publicidad para evitar que se confunda con contenido informativo, cuenten con un código de ética y designen a una persona defensora de las audiencias para atender quejas, sugerencias y observaciones del público. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto.
Para el Gobierno, estas medidas buscan hacer efectivos derechos que ya están contemplados en la legislación, garantizando que las personas reciban información transparente y cuenten con mecanismos para hacer valer sus inconformidades cuando consideren que un medio incumple con esas obligaciones.
Sin embargo, organizaciones, analistas y representantes de medios de comunicación han expresado preocupación al considerar que algunos criterios podrían abrir la puerta a una supervisión que, en determinados casos, termine influyendo en la forma en que los medios presentan la información o expresan opiniones editoriales, lo que ha llevado a plantear cuestionamientos sobre un posible impacto en la libertad de expresión.
El tema ha cobrado relevancia porque no gira en torno a si las audiencias deben tener derechos, un principio ampliamente reconocido, sino sobre quién establecerá los criterios para garantizar esos derechos y hasta dónde puede llegar esa regulación sin afectar la independencia de los medios de comunicación. Una vez concluida la consulta pública, las autoridades analizarán las observaciones recibidas antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos.
