Luis Carlos Bravo | Columna para el seminario Nuevo Sonora
La política suele medir muchas cosas de quienes aspiran a un cargo público. Se revisan trayectorias, antecedentes penales, declaraciones patrimoniales, conflictos de interés y hasta el cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero hay un aspecto que, paradójicamente, puede resultar igual o más importante que todos los anteriores y que casi nunca se pone sobre la mesa: la estabilidad emocional.
El caso de Marina del Pilar Ávila volvió a abrir esa discusión. Desde que Estados Unidos le retiró su visa de turista, la gobernadora de Baja California ha enfrentado la crisis política y mediática más severa de su administración. En días recientes recorrió diversos espacios de comunicación nacionales para ofrecer su versión de los hechos. Ahí sostuvo que fue víctima de una “emboscada psicológica”, atribuida —sin mencionarlo por nombre— a quien la antecedió en el gobierno estatal, Jaime Bonilla.
Cada persona tiene derecho a explicar los acontecimientos desde su propia perspectiva. Sin embargo, la declaración deja una pregunta inevitable: si una persona que gobierna a casi cuatro millones de habitantes considera que una presión política o psicológica fue suficiente para desestabilizarla, ¿no deberíamos preguntarnos si quienes aspiran a gobernar cuentan con la fortaleza emocional necesaria para soportar las enormes cargas que implica ejercer el poder?
Gobernar significa tomar decisiones bajo presión permanente. Significa enfrentar crisis de seguridad, desastres naturales, conflictos políticos, tragedias humanas y ataques de adversarios. No es un trabajo para cualquiera. Quien ocupa un cargo de esa magnitud no solamente necesita inteligencia o experiencia administrativa; también requiere autocontrol, capacidad para manejar el estrés, inteligencia emocional y fortaleza mental.
Lo ocurrido también deja otra reflexión. Mientras Baja California enfrenta problemas cotidianos que demandan atención, la agenda pública terminó girando alrededor de la situación personal de su gobernadora. Independientemente de que su salida a medios nacionales haya sido necesaria o no, resulta inevitable preguntarse si una crisis individual puede terminar absorbiendo tiempo, energía y atención que deberían concentrarse en los asuntos del gobierno.
Por eso quizá ha llegado el momento de abrir un debate serio. Así como existen requisitos legales para competir por un cargo de elección popular, ¿por qué no pensar también en evaluaciones psicológicas independientes que permitan conocer si un aspirante posee las herramientas emocionales mínimas para enfrentar la presión del servicio público? No para discriminar ni para estigmatizar la salud mental, sino precisamente para garantizar que quien tome decisiones que afectan a millones de personas tenga la capacidad de hacerlo bajo circunstancias extremas.
La propuesta no debería dirigirse únicamente a Baja California. Tendría que aplicarse para quienes hoy buscan la Coordinación de la Defensa de la Transformación en ese estado, entre ellos Julieta Ramírez, Ismael Burgueño y Jesús Ruiz Uribe, así como para cualquier aspirante de cualquier partido.
Lo mismo valdría para Sonora, donde los nombres de Celida López, Lorenia Valles, Javier Lamarque o Antonio Astiazarán comienzan a perfilarse rumbo a la próxima sucesión gubernamental. Y, por supuesto, para quienes aspiren a una alcaldía, una diputación, una senaduría o incluso la Presidencia de la República.
Porque administrar un presupuesto puede aprenderse. Formar equipos también. Pero la capacidad para mantener la cabeza fría cuando el poder aprieta, cuando las crisis estallan y cuando los intereses chocan, esa no puede improvisarse.
Al final, quizá la pregunta correcta no sea quién tiene más popularidad o quién gana una encuesta. La pregunta debería ser mucho más simple y mucho más profunda: ¿a quién le confiaríamos nuestro futuro emocionalmente preparado para gobernar, incluso en sus peores días?
